Francisco Tobajas Gallego
El 18 de septiembre de 1868, el almirante unionista Juan Bautista Topete se sublevó en Cádiz al frente de la escuadra. A esta ciudad había llegado dos días antes, desde Londres, vía Gibraltar, el general Prim, acompañado de los progresistas Sagasta y Ruiz Zorrilla. Luego llegarían desde Canarias los generales unionistas, que estaban allí desterrados. Al día siguiente Topete leyó un manifiesto, en el que se justificaba el pronunciamiento. El levantamiento se fue extendiendo poco a poco por el resto del país. El 28 de septiembre tendría lugar la decisiva batalla del puente de Alcolea, Córdoba, con el triunfo de las tropas sublevadas, al mando del general Serrano. Al día siguiente el triunfo llegaba a Madrid y el día 30, la reina Isabel II abandonaba España desde San Sebastián.
Puerta del Sol el 29 de septiembre. Urrabieta, El Museo Universal
El 20 de octubre, Ángel Gallifa, participaba a los ayuntamientos de Calatayud y de los pueblos de su Partido, su toma de posesión del gobierno civil, para el que había sido nombrado por el gobierno provisional de la nación.
El 21 de octubre, La Junta Revolucionaria de Calatayud se dirigía al entonces alcalde, Juan Francisco Sancho de Lezcano, informándole que, en la reunión celebrada aquella misma mañana, había acordado dar cumplimiento a lo que se ordenaba en la circular del ministro de Gobernación del día 13, que había sido publicada por el gobernador civil en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18. Por ello se había procedido al nombramiento del ayuntamiento de aquel distrito municipal que, provisionalmente, habría de sustituir al que funcionaba el 18 de septiembre. Por mayoría de votos, la elección había recaído en los mismos concejales que componían entonces la corporación municipal: Juan Francisco Sancho de Lezcano, alcalde primero, Justo Zabalo Bueno, alcalde segundo, y los regidores: Ramón Alonso Bueno, Bruno Oroz Rubio, Juan Larrea Cardos, Juan Ciria Germán, León Guillén Celaya, Francisco Gutiérrez Simón, Victorio Álvarez Liñán, Antonio Aznar Franco, Pascual Alcalde Gregorio, Francisco Bardají Hurtado, José Moncín Perales, Vicente Cortés Martínez, Pedro Casas Manzanera y Genaro Moor Ondiviela.
Aquella misma tarde serían convocados en las casas consistoriales, para constituir el ayuntamiento de la ciudad, que había sido nombrado por la Junta Revolucionaria. Una vez reunidos, el secretario leyó la comunicación de la Junta Revolucionaria de la ciudad, que había cesado en sus funciones, al nombrar al ayuntamiento provisional, elección que había recaído en los mismos componentes de la corporación, que figuraban el pasado 18 de septiembre. En este acto se dio posesión del cargo de alcalde a Juan Francisco Sancho de Lezcano, quien recibió el juramento del alcalde segundo y del resto de concejales, declarando instalado el ayuntamiento provisional.
A propuesta del alcalde segundo y por unanimidad, se acordó dar un voto de gracias a los componentes de la Junta Revolucionaria, por los servicios prestados a la patria y al vecindario, en el tiempo que había ejercido su función, con acertadas disposiciones y constantes desvelos, que habían procurado a la población orden y tranquilidad completa.
La junta Revolucionaria de Calatayud había estado compuesta por: Juan Francisco Mochales, Mariano Ballesteros, Bartolomé Alejandre, Marcos Martínez, Juan Catalina y Antonio León Español.
En la sesión celebrada el 24 de octubre, se vio una circular del gobernador civil, en la que pedía colaboración de los ayuntamientos, en la empresa que confiaba llevar a cabo. Los ayuntamientos, secundando los deseos de las Juntas Revolucionarias, deben procurar celosamente hacerse intérpretes del sentimiento público liberal, rechazando otro interés que no fuera el bien de los pueblos y la felicidad de la Patria, que serían alcanzados por medio del orden verdadero y de la libertad bien entendida.
También se vio una cuenta, que el depositario municipal había entregado a la Junta Revolucionaria de la ciudad el 21 de octubre, con todas las cantidades que, por orden de ella, habían ingresado en su poder y las que había satisfecho, desde el 30 de septiembre hasta el 20 de octubre.
El 27 de octubre el presidente señaló que habían llegado 200 fusiles, a cuenta de los 300, que la Junta Revolucionaria había solicitado al capitán general de Aragón, para armamento de la Milicia Nacional voluntaria de la ciudad, que había sido creada por dicha Junta, disponiendo que los fusiles se depositaran en el fuerte de la Merced y fueran custodiados por los individuos de la Milicia. Se acordó que los fusiles se distribuyeran proporcionalmente entre las tres compañías de la Milicia.
El 31 de octubre se leyó una circular de la Junta de Armamento y Defensa de la provincia, fechada el día 28, en la que participaba las bases que los ayuntamientos debían tener presente, para la formación de la guardia cívica en cada localidad, pidiendo a las ciudades cabeza de Partido Judicial, que se pusieran de acuerdo para nombrar a un comisionado, que tratara con dicha Junta sobre el estado de la guardia cívica y los medios necesarios de defensa. Por ello se acordó citar a los alcaldes de los pueblos del Partido el 8 de noviembre.
El 3 de noviembre, el ayuntamiento reconocía la necesidad de proveer de municiones a la Guardia Nacional voluntaria. Para ello acordó dirigirse al capitán general, para que ordenara al Parque de Artillería, o a quien correspondiera, que se entregaran al municipio 900 paquetes de cartuchos de fusil. También se comisionó a tres concejales para que, en pública subasta, proveyeran la adquisición de 300 cananas y 300 portafusiles para la guardia ciudadana.
El 10 de noviembre se vio una circular del gobernador, inserta en el Boletín Oficial del día 7, en la que se ordenaba a los alcaldes que recogieran las prendas de armamento, vestuario y equipo suministrados a la Guardia Rural, que conservarían en su poder hasta nuevo aviso. El capitán general informaba al ayuntamiento, que elevara su petición sobre los cartuchos al 2º Cabo del distrito, jefe subinspector de todas las fuerzas cívicas del mismo.
El domingo último se había celebrado la contrata, para la adquisición de 300 cananas y 300 portafusiles para la Milicia cívica, al precio de 25 reales cada canana y portafusil, que había sido rematada a favor de los guarnicioneros Hilario Aldea e Hilario Berdejo. El alcalde informó que en la reunión de los pueblos del Partido, se había nombrado representante a Víctor Ruiz, para que tratara con la Junta de Armamento y Defensa sobre el estado de la Guardia cívica y de los medios de defensa que necesitara.
En la sesión del 17 de noviembre se dio cuenta del Decreto del Gobierno provisional del día 9, sobre el ejercicio del sufragio universal, y de una circular del ministro de la Gobernación del día 13, informando que las elecciones municipales se celebrarían el 1 de diciembre. Se facultó al alcalde para formalizar estos trabajos y la distribución de electores entre los tres colegios, en que se había dividido el distrito municipal: Casa Consistorial, Hospital Municipal y colegio de la Correa. Se acordó enviar al gobernador un resumen del padrón municipal, que lo componían 2488 vecinos.
A solicitud de los capitanes de las tres compañías de la fuerza ciudadana, el ayuntamiento acordó la adquisición de 600 paquetes de cartuchos de fusil. También se acordó la entrega de 55 fusiles y 55 cananas, procedentes de la extinguida Guardia Rural, por haberlo así dispuesto la Junta Revolucionaria, informando de ello al gobernador civil y al subinspector de las fuerzas cívicas de la provincia.
La Junta Revolucionaria había pagado 4400 reales, de los fondos de la administración municipal, al jefe de la estación del ferrocarril, por un tren exprés para conducir en él, desde Ateca a Zaragoza, al general Messina, que había sido llamado por telégrafo, para tomar posesión del cargo de capitán general de Aragón, que tendría lugar el 30 de septiembre. Por esta razón, el ayuntamiento solicitaba su reintegro a la Diputación Provincial.
En la sesión del 21 de noviembre, se vio una comunicación del gobernador civil, con fecha del día 18, pidiendo al alcalde que convocara para el día 26 a dos individuos de cada ayuntamiento del distrito judicial, para que nombraran, bajo su presidencia, a un suplente de diputado provincial por este partido, según disponía el gobierno provisional en un decreto del día 12.
El maestro Gregorio Ruiz solicitaba al ayuntamiento que se le repusiera en su cargo, en la escuela de niños de la casa del Hospicio Provincial, del que había sido separado por la Junta Revolucionaria. Este caso no sería el único.
El ayuntamiento, como no disponía de células talonarias, que eran necesarias para ajustarse a los trámites legales de las operaciones electorales municipales, acordó pedir al gobernador 3000 células.
El 29 de noviembre se informó que el cargo de diputado suplente había recaído en Pedro Sancho de Lezcano, vecino de Zaragoza.
Ese mismo día se vio que, para proceder a la formación del reparto del impuesto personal, establecido por el gobierno provisional, en sustitución de la contribución de consumos, era necesario conocer el número de habitantes, la edad y el alquiler que pagaba el cabeza de familia. El ayuntamiento acordó que los alcaldes de barrio, procedieran a levantar el padrón de habitantes de sus respectivos distritos, con ayuda de los porteros o escribientes necesarios.
Vistos los decretos del gobierno provisional de la nación, del 17 y 24 de noviembre, sobre la organización de la Milicia ciudadana, el municipio acordó rectificar el alistamiento de voluntarios que ya pertenecían a dicha Milicia y abrir un nuevo alistamiento en la sala de sesiones de la Casa Consistorial, ante el alcalde de barrio y una comisión del ayuntamiento.
El 5 de diciembre, el alcalde informó que, desde el establecimiento de la línea férrea, el tren donde llegaban las fuerzas militares, a las que se debía facilitar alojamiento, lo hacía a la una de la madrugada, produciendo molestias a los vecinos, que se resistían a abrir las puertas de sus casas a esas horas tan intempestivas. Por ello se acordó avisar al capitán general, para que la tropa saliera de Zaragoza hacia Madrid en el tren mixto, en vez de hacerlo en el correo, pues debían esperar al día siguiente para continuar su marcha, ya que el correo no disponía de coches de tercera de Calatayud a Madrid.
El 12 de diciembre, una vez acabado el plazo señalado para rectificar el alistamiento de los voluntarios de la libertad y formar nuevo alistamiento, se acordó que la clasificación de estos individuos se llevase a cabo por los alcaldes de barrio y la comisión del municipio.
El 14 de diciembre, el gobernador pedía a los alcaldes de los pueblos marcados en la etapa, que se proveyeran de lo necesario, para atender al suministro de las tropas que transitaran por el territorio.
Hilario Aldana e Hilario Berdejo habían entregado a la comisión 151 y 150 cananas, respectivamente, con más de 150 portafusiles cada uno, conforme a los modelos y condiciones de la contrata. Se depositaron en el patio de la Casa Consistorial, donde se guardaban las bombas de apagar los incendios, bajo la custodia del guarda almacén municipal. Se acordó pagar cada prenda a 2 escudos 500 milésimas, más 6 escudos, por el mayor precio de las hebillas colocadas en los portafusiles, en lugar de los botones de la muestra. Por tanto se pagaron 383 escudos 500 milésimas a Aldea y 381 escudos a Berdejo.
La comisión nombrada al efecto había adquirido 600 paquetes de cartuchos y 9 millares de cápsulas para la milicia ciudadana, quedando en poder del guarda almacén.
También se vio un oficio del obispo de Tarazona, en el que pedía que el ayuntamiento revocara el acuerdo tomado por la Junta Revolucionaria, que había dispuesto el cierre de algunas iglesias, dejando en tres el número de parroquias, en vez de las cuatro que se habían asignado en el último arreglo parroquial. Pero el ayuntamiento, al no creerse con atribuciones, acordó dar conocimiento al gobernador. El 5 de octubre, la Junta Revolucionaria había suprimido las parroquias de San Andrés y la de Campiel.
El 29 de diciembre, hecha la ratificación de los voluntarios de la Milicia ciudadana y la admisión de los nuevos solicitantes, con exclusión de los menores de veinte años y los que no cumplieran con las condiciones del decreto, los aptos se dividieron en cuatro cuarteles. El cuartel de Alcántara contaba con 85 individuos, el de Zaragoza con 79 individuos, el de Soria con 86 individuos y el de Terrer con 88 individuos. Total 338 voluntarios. Los capitanes de las tres compañías debían recoger el armamento de los no aptos, para distribuirlos entre los admitidos.
Tras el sufragio y escrutinio general llevado a cabo el 23 de diciembre, el ayuntamiento provisional se reunió el 1 de enero de 1869, bajo la presidencia del alcalde Juan Francisco Sancho de Lezcano. Los elegidos por sufragio habían sido: Juan Francisco Mochales y Gadea, Juan Francisco Sancho de Lezcano, Juan Zabalo y Bueno, Pascual Alcalde y Gregorio, León Guillén Celaya, León Grasa y Aznar, Manuel Pérez Garde, José Ruiz Gorrachategui, Serafín Sancho y Bueno, Juan Ciria y Germán, Manuel Higueras y Arrué, Sixto Elizondo y Allué, Franciso Gutiérrez y Simón, Enrique María Sánchez y Clarés, Higinio Cejador y Lozano, Mariano Ruiz Pérez, Bruno Muñoz Vicente y Víctor Ruiz Alonso. Se votó por papeletas al alcalde primero. Juan Francisco Mochales obtuvo mayoría relativa, que recibió del presidente el bastón y la faja, tomando posesión de su cargo, ocupando la presidencia. Por mayoría relativa resultó elegido alcalde segundo Manuel Pérez Garde y alcalde tercero Enrique María Sánchez. A continuación se votó el orden de los concejales.
El 2 de enero se nombraron las comisiones, dividiendo el distrito municipal en dos cuarteles: Mercado y Santa María. El 5 de enero se acordó que el nombramiento de los cuatro capitanes, de las cuatro compañías de la fuerza ciudadana, tuviera lugar el próximo día 9 en el Consistorio. El día 6 se acordó nombrar a las comisiones, que habían de distribuir las nuevas células para elecciones de diputados a Cortes. Estarían compuestas por cuatro vecinos electores de cada colegio, sacados a suerte en sesión pública.
El 12 de enero se presentaron los cuatro capitales, que habían sido elegidos el día 9. Justo Zabalo resultó elegido para la primera compañía, perteneciente al cuartel de Alcántara. La segunda compañía pertenecía al cuartel de la puerta de Zaragoza, la tercera al cuartel de la puerta de Soria y la cuarta al cuartel de la puerta de Terrer. Algunos voluntarios protestaron por la forma utilizada en estos nombramientos, pero el gobernador desestimó esta pretensión, aprobando lo llevado a cabo por el ayuntamiento.
El 23 de enero el presidente señaló que en el hospital se alojaba un elevado número de enfermos, aquejados de tifus, viruela y otras enfermedades contagiosas, debido a la miseria de las clases menesterosas. Por esta razón, el ayuntamiento pensaba trasladar el hospital fuera de la población. El presidente propuso el convento de dominicas, pues este convento iba a suprimirse, según un decreto del gobierno provisional. Para este fin se acordó elevar al gobierno una solicitud. El municipio estaba dispuesto a ceder el local del hospital, para establecer allí la estación telegráfica y administración de correos, reservándose el resto del edificio para escuelas públicas y casa para los maestros.
El 17 de abril se vio una comunicación del ministro de la Guerra, disponiendo la entrega al municipio, por el parque de Artillería de Madrid, de 400 fusiles, 800 paquetes de cartuchos y las cápsulas correspondientes para los voluntarios de la libertad. Se dispuso que el armamento sobrante se depositara en el Fuerte de la Merced y que hubiera guardia o retén de voluntarios de noche. Al negarse varios voluntarios a hacer guardia, se les había recogido el armamento, siendo expulsados de la fuerza ciudadana. Por ello se acordó que los fusiles sobrantes se trasladaran a la Casa Consistorial, donde continuaría el retén por la noche.
A finales de marzo se iba a acantonar en la ciudad el Escuadrón de Coraceros y el 24 de mayo la Brigada compuesta por tres batallones del Regimiento de Cádiz. Por ello se solicitaba al ayuntamiento que facilitase raciones de pan y cebada. El municipio debía convenir con los mismos el precio del pan diario, cuyo valor sería el del coste que tuviera en el día la ración de 70 decagramos, del llamado de segunda clase, conocido también por el nombre de casero. Se abonaría por meses vencidos, en libramiento sobre Tesorería en Zaragoza, previa presentación de los recibos del suministro.
El 3 de junio se leyó un telegrama del gobernador civil, en el que invitaba al ayuntamiento a nombrar dos comisiones, para que asistieran en Zaragoza y Madrid, respectivamente, a la promulgación de la Constitución. Para la comisión de Madrid se nombró al alcalde y a Juan Zabalo, y para la de Zaragoza, a los concejales Serafín Sancho y José Ruiz.
En la sesión del 23 de junio se convino que al día siguiente, el alcalde y los concejales juraran la Constitución de la Monarquía Española, que había sido promulgada el día 6, según ordenaba la disposición cuarta del Decreto del día 17 y el gobernador, en una circular inserta en dicho Decreto, publicada en el Boletín Oficial.
El 27 de noviembre se acordó el pago de 115 escudos 800 milésimas a Justo Zabalo, capitán de la primera compañía de voluntarios de la libertad, por 136 gorras entregadas a los individuos de las cuatro compañías de la fuerza ciudadana de la ciudad, que Zabalo había encargado en Zaragoza, por orden del ayuntamiento.
