CENTENARIO DE JUAN BLAS Y UBIDE, 1923-2023
Francisco Tobajas Gallego
En la sesión del Ayuntamiento de Calatayud del 23 de enero de 1882, se vio una comunicación de Pascual Pérez Tafalla, en la que presentaba su dimisión como director literario del Colegio de la Correa. En la sesión del 21 de noviembre de 1881, el ayuntamiento había sido informado por Tafalla, de su nombramiento de arcediano en la catedral del Burgo de Osma. Aceptada su dimisión, se suspendió la sesión cinco minutos. Tras una primera votación que acabó en empate, en la segunda resultó elegido director literario Juan Velasco, que aceptaría el cargo.
En esta sesión del 23 de enero, Pedro Zabalo preguntó si se había otorgado escritura de convenio entre el ayuntamiento y Juan Blas, y si se les había entregado a los profesores salientes un recibo del inventario del colegio. El 31 de enero Francisco Bardají, presidente de la Comisión de Instrucción, preguntó sobre las obras del colegio de internos y su importe. Referente a la firma de la escritura del contrato del colegio, el presidente señaló que había hablado con el alcalde Sancho de Lezcano, quien le había asegurado que la escritura del colegio no se había otorgado aún, pues siempre que se había intentado habían surgido dificultades, por haberse alterado alguna de las bases del contrato. El alcalde guardaba el inventario del colegio, aunque no se había entregado recibo alguno a los profesores salientes. Zabalo exigió el cumplimiento inmediato del contrato, incluso la fianza, y que se solicitara al director literario la lista de profesores, condiciones académicas, asignaturas que impartían y horario. Por su parte Bardají pidió el otorgamiento de la escritura y que se diera el recibo del inventario a los profesores salientes.
En la sesión del 6 de febrero se vio una comunicación de Juan Velasco. Señalaba que se había presentado el pasado día 4, para hacerse cargo de la documentación oficial del colegio y del local destinado a secretaría, pero el director-empresario le había asegurado que no le haría la entrega sin orden del ayuntamiento. El presidente señaló que ya había avisado a Juan Blas, para que hiciera entrega al director literario del local, el sello y los documentos oficiales, sin que le objetara nada en contra. El mismo día que se había recibido el aviso de Velasco, se había citado en la alcaldía a Juan Blas, quien señaló que las razones que tenía para obrar de esta manera con Velasco las pondría por escrito.
En sesión secreta se dio lectura a la comunicación de Juan Blas del día 6, exponiendo estas razones. Mochales quiso conocer las atribuciones de ambos directores y para ello se dio lectura a las bases del contrato de cesión del colegio y la del nombramiento de Pascual Pérez Tafalla, como director literario. El ayuntamiento acordó dirigir una comunicación a Juan Blas, exigiéndole que entregara al director literario el local destinado a secretaría, el sello y la documentación oficial, todo ello necesario para su cometido. Asimismo, vistos los términos duros e irreflexivos, en que estaba redactada la comunicación enviada por Juan Blas, el ayuntamiento acordó informarle que, en lo sucesivo, se abstuviera de emplear estos términos al dirigirse a la corporación.
El presidente informó que el día que había tomado posesión de su cargo Velasco, Juan Blas le había dicho que estaba preparando un documento con el estado de las obras llevadas a cabo en el colegio de internos, comunicando al ayuntamiento a la mayor brevedad. Se acordó que, una vez presentado el documento, las inspeccionara la comisión con el arquitecto municipal.
También se vio una comunicación del director literario del colegio, con el estado de profesores, títulos académicos, asignaturas y horas lectivas. Zabalo mostró sus dudas, de si el número de profesores sería suficiente para explicar todas las asignaturas.
En la sesión del 13 de febrero se leyó una comunicación de Juan Blas, detallando el importe de las obras que había llevado a cabo por su cuenta en el colegio de internos. Había gastado 6513 reales, o será, 513 reales más del compromiso que había contraído. El ayuntamiento señaló que, como el exceso había sido gastado voluntariamente, no había lugar a ninguna reclamación por parte del empresario. También se acordó su aprobación.
Se vio también otra comunicación de Juan Blas, en la que señalaba que la orden recibida para entregar al director literario el local de secretaría, el sello y la documentación oficial, era contraria, a su entender, con una de las bases del contrato. Por ello pedía su revocación. En caso contrario pedía que se le diera testimonio del acuerdo municipal, para defender su derecho en donde le conviniera. Este asunto dio lugar a un animado debate, tras el cual se acordó por unanimidad que, antes de tomar resolución, se tratara con el asesor del ayuntamiento.
Velasco había informado al presidente que, por causas ajenas, no había podido remitir a la corporación las asignaturas diarias y alternas que se explicaban en el colegio, ni el tiempo empleado en cada una de ellas, haciéndolo a la mayor brevedad posible. En esta sesión se acordó la reparación de una pared del edificio de la Correa, que se encontraba en estado ruinoso.
También se vio una comunicación del rector de la Universidad de Zaragoza, que trasladaba otra del Director General de Instrucción Pública, informando de la concesión hecha al ayuntamiento de los aparatos necesarios para la estación meteorológica. Pedía que una persona autorizada se hiciera cargo de los aparatos, recibiendo las explicaciones necesarias para su uso.
Como Juan Zabalo había informado en octubre, que Juan Blas se había ofrecido gratuitamente a llevar el observatorio, se acordó que este concejal hablara de nuevo con el interesado, para ver si mantenía su ofrecimiento. En caso afirmativo debía presentarse al alcalde, para convenir cuando y quien debía ir a Madrid a hacerse cargo de los aparatos.
El 13 de marzo se vio una instancia de Faustino Bernal, con consideraciones poco respetuosas para el ayuntamiento, pidiendo una certificación que recogiera el tiempo que había sido director de internos, su conducta y gastos que había hecho en beneficio del colegio. El ayuntamiento acordó expedir la certificación requerida a los dos primeros asuntos e informarle que, en lo sucesivo, se dirigiera de forma más respetuosa. También se dio cuenta del dictamen del asesor del ayuntamiento, sobre la instancia de Juan Blas, donde se mostraba a favor de desestimar su recurso. El presidente informó que, con el acuerdo de Juan Blas, había comisionado al catedrático de Física, para que fuera a Madrid a recoger los aparatos de la estación meteorológica.
El 20 de marzo se vio una instancia de Juan Blas, pidiendo testimonio del acuerdo tomado en la sesión del pasado día 13, sobre su solicitud presentada el 10 de febrero, y del informe del asesor del ayuntamiento, en el que se había fundado este acuerdo del ayuntamiento, así como la posesión de Velasco, en la que había hecho constar su protesta. Se acordó expedir lo solicitado, excepto el informe del asesor, por ser un documento privado del municipio.
En la sesión del 13 de abril se vio una carta del director del Observatorio Astrológico de Madrid, remitiendo el talón para recoger un cajón con los aparatos que había concedido el Ministerio de Fomento, para la estación meteorológica de Calatayud. Espinosa, encargado de recogerlo, había informado de su contenido. El presidente propuso que la Comisión de Obras y los concejales que lo solicitaran, asistieran al día siguiente al colegio, a las cuatro de la tarde, para ver los aparatos y las obras para la instalación de la estación. El 17 de abril se informó de la necesidad de algunas obras para la estación meteorológica. El 8 de mayo se aprobó el pago a Alberto Espinosa de 55,25 pesetas, por su viaje a Madrid a hacerse cargo y traer los aparatos del observatorio, que había de establecerse en el Colegio de segunda enseñanza.
El 15 de mayo se vio una petición de Velasco, solicitando copia del contrato entre el ayuntamiento y Juan Blas, para conocer los límites de las atribuciones docentes de este último. El catedrático encargado del observatorio había dispuesto la colocación de una veleta, con la necesidad de colocar una baranda de hierro.
El 30 de mayo se leyeron dos comunicaciones del director literario del colegio. La primera daba cuenta de algunos detalles de la organización y marcha administrativa y científica del establecimiento, y la segunda trataba acerca de la necesidad de colocar un rótulo que expresara la clase a la que pertenecía el colegio. La primera se pasó a la comisión y se acordó cumplir la segunda, por precepto legal.
El 19 de junio se leyó una comunicación del director literario, informando que se había dirigido a Espinosa, para que diera comienzo a las observaciones de la estación, quien le había contestado que el encargado de hacerlo era Juan Blas. Añadía que, al pedir unos documentos de los profesores del colegio, Juan Blas se había negado violentamente, produciendo un escándalo en su despacho.
En esta sesión se vieron otras comunicaciones de Juan Blas. En una de ellas señalaba que, según un oficio de la alcaldía del día 6 dirigido al director literario, este se había dirigido a Espinosa sobre el asunto del observatorio, con lo que se consideraba relevado de la dirección de este servicio, renunciando en su nombre y en el del resto de catedráticos al ofrecimiento hecho al ayuntamiento. En otra señalaba que, habiéndose producido un choque con el director literario, por una petición de documentos, pedía fijar de común acuerdo las atribuciones de ambos directores, para evitar las extralimitaciones. Para ello el ayuntamiento nombró a una comisión.
El 9 de octubre el director literario enviaba el cuadro de profesores y asignaturas que impartían, que había recibido del empresario. El 14 de noviembre el presidente informó de estar establecida la estación meteorológica, pero era necesario que una persona se encargara de este servicio. Juan Blas había retirado su oferta y Espinosa tampoco quería llevarlo.
El 5 de enero de 1883 se vio un oficio de Juan Velasco, en el que presentaba su dimisión como director literario del colegio. Se acordó admitirla, encargando a la Comisión de Instrucción para que recibiera el inventario. El día 8 el ayuntamiento nombró nuevo director literario a Emilio Sanz, que aceptaría el cargo. El 19 de marzo se vio una carta del director literario, relativa a las obras necesarias para el definitivo establecimiento de la estación meteorológica, acordando que el presidente de la Comisión de Obras diera las órdenes oportunas para llevarlas a cabo.
En la sesión del 9 de abril el presidente informó que elDiario de Calatayud, había publicado los partes meteorológicos del observatorio instalado por el municipio, sin haber tenido lugar la inauguración oficial del servicio y sin intervención de la autoridad local, que debería haberlo puesto antes en conocimiento del director del Observatorio de Madrid. Parece ser que Espinosa había avisado a la corporación de su inauguración en breve. Por su parte el director del Diario de Calatayud había comunicado, que el director empresario había iniciado el funcionamiento del observatorio. Puesto el asunto a discusión, la corporación acordó que: En delegación del ayuntamiento, se consideraba encargado de este servicio Juan Blas. Se llevara a cabo la inauguración, avisando al director del Observatorio de Madrid y al delegado de este servicio. A la misma hora que el delegado del observatorio colocara en la tablilla del colegio las observaciones practicadas, debía enviar copia a la alcaldía. Este centro se denominaría Observatorio del Colegio Municipal de segunda enseñanza.
El 16 de abril se vio una comunicación de Emilio Sanz, en la que presentaba su dimisión como director literario. Se acordó que Juan Zabalo y Bardají se entrevistaran con él para que retirara su dimisión, en caso contrario, sería aceptada. El presidente había informado a Juan Blas de los acuerdos tomados sobre el observatorio. Juan Blas había señalado de palabra estar de acuerdo con el ayuntamiento, poniéndose a su disposición para el día de su inauguración oficial. El ayuntamiento acordó inaugurarlo al día siguiente de recibir por escrito la aceptación de Juan Blas, estando representado por la Comisión de Instrucción, avisando al director literario.
El 23 de abril Bardají, presidente de la Comisión de Instrucción, señaló que Emilio Sanz había retirado su dimisión. Añadió que el día 19 había tenido lugar la inauguración del observatorio meteorológico, con asistencia de la comisión. En ella se agradeció a Juan Blas la prestación gratuita de este servicio, dándole posesión del mismo.
El 1 de julio tuvo lugar la sesión inaugural del nuevo ayuntamiento. El día 2 Sanz sería elegido segundo teniente de alcalde, pero se acordó que continuara con su cargo de director literario. Sanz informó del satisfactorio resultado de los exámenes de fin de curso y de la formación de libros de matrículas, donde se apuntarían los alumnos que habían recibido enseñanza en el colegio. El 9 de julio Sanz informaba que a Juan Blas se le había formado expediente, sobre el pago de matrícula industrial por la colegiatura de internos. Y añadía que este asunto no afectaba al municipio.
El 16 de julio se leyó una extensa y razonada solicitud, suscrita por varios padres de familia, en la que pedían a la corporación que anulara el acuerdo por el que se había confiado a Juan Blas el Colegio de segunda enseñanza, por considerar ilegal el convenio en que descansaba dicho acuerdo. Se presentaron además tres dictámenes de los jurisconsultos Lorenzo Aguirre, Felipe Guillén y Carabantes y Juan del Pueyo, en los que expresaban que la situación del colegio, bajo el punto de vista legal, era insostenible, por incumplimiento de los requisitos que establecía la ley municipal, en concreto de su artículo 84, que determinaba que los asuntos sobre su reforma o supresión de los establecimientos de enseñanza, que llevaran a cabo los municipios, necesitarían la aprobación del gobernador civil de la provincia, una vez consultada la Comisión Provincial. Mochales se mostró a favor de estos dictámenes. Juan Zabalo añadía que los letrados estaban en contra de la validez legal del contrato, al no haberse elevado a escritura pública, y no haber depositado la correspondiente fianza, aunque Juan Blas siempre había estado dispuesto a ello. Recordaba la aprobación de los presupuestos, con la subvención al colegio, la intervención del ayuntamiento en la marcha del colegio y el gasto de Juan Blas en el primer año de su contrato.
Mochales pensaba que la culpa no era del empresario, sino del anterior presidente. Los 6000 reales gastados por Juan Blas, habían sido en el colegio de internos, no afectando al convenio del colegio. Varios concejales se mostraron a favor de los jurisconsultos. Blanco creía conveniente nombrar a una comisión, pero dada la urgencia del asunto, se votó tomar acuerdo en aquella sesión. El presidente preguntó a los componentes de la corporación si estaban conformes con la petición de los padres de familia, declarando nulo el convenio celebrado en 1880 entre el ayuntamiento y Juan Blas, dándole un plazo de cuatro días para entregar las llaves del colegio y el material de enseñanza. Y en voto nominal, todos los componentes, excepto Blanco, que insistió aceptar la pregunta con un asesoramiento previo, se mostraron a favor. Por ello el ayuntamiento acordó avisar al empresario y organizar legalmente la enseñanza en el colegio.
El 23 de julio Juan Zabalo pidió enmendar su voto pues, debido a su sordera, no se había enterado que Juan Blas debía entregar las llaves y el material de enseñanza en cuatro días. Valdrés y Escuin solicitaron que su voto figurara con la minoría. Por su parte Mochales pidió una nueva votación, pues la consignada el día 16 se había efectuado en la sala de vistas de la Audiencia de lo Criminal, pudiendo representar una infracción al segundo párrafo del artículo 97 de la Ley Municipal. Se leyó de nuevo la solicitud de varios padres de familia, pidiendo la nulidad del acuerdo, por el que se había confiado el colegio a Juan Blas, votándose a continuación sobre este asunto. La mayoría de los concejales votaron a favor de la nulidad. Blanco votó por la nulidad, pero con asesoramiento previo. Juan Zabalo por la nulidad, si se había cometido alguna omisión legal en el contrato, y Valdrés y Escuín por la validez del contrato. Tras la votación, se nombró a la Comisión de Instrucción para que se hiciera cargo del colegio y para que, a la mayor brevedad posible, estudiara y propusiera al ayuntamiento una nueva organización del mismo.
También se vio la petición de Juan Blas, en la que solicitaba copia de varios acuerdos municipales y otros documentos, acordando su expedición en el término de cuatro días.
En 30 de julio, el concejal Coley pidió que su voto sobre el colegio constara con la minoría. Emilio Sanz informó que la comisión nombrada para hacerse cargo del colegio, no había cumplido aún con su cometido, porque no había acabado aún el plazo dado. Pedía que, no siendo ya director literario y debiendo entregar los objetos que obraban en su poder, se le relevara de formar parte de esta comisión.
El 6 de agosto el ayuntamiento denegó una solicitud de Mariano Sanz, para que se le confiara gratuitamente la dirección de la colegiatura de internos. El presidente informó que la comisión se había hecho cargo de los locales y del material del colegio, que habían sido entregados por Juan Blas y Emilio Sanz el 1 de agosto. Asimismo se leyó una comunicación de Juan Blas, del 2 de agosto, en la que dimitía del cargo de jefe del observatorio meteorológico. Lorente señaló que había recogido las observaciones dos días, pero que le absorbían tanto tiempo, que no podía continuar con su desempeño. Por ello se acordó suspender las observaciones, hasta que se organizara de nuevo el servicio del colegio, avisando al director del Observatorio de Madrid.
El 13 de agosto se vio que Ramón Montón Esteban se ofrecía gratuitamente, a desempeñar el próximo curso las cátedras de primer y segundo curso de Latín, en el Colegio de segunda enseñanza, agradeciéndole su ofrecimiento. En una instancia, Juan Blas solicitaba elevar al gobernador de la provincia un recurso, con varios documentos que acompañaba, solicitando otros más. La corporación acordó acceder a lo solicitado.
En la sesión del día 18 de agosto se leyeron los dictámenes de los letrados Juan del Pueyo y José María Caballero, relativos a la organización del colegio. Mochales opinaba que el colegio no debería ser público, pues con los 10 000 reales del presupuesto, no se podría hacer frente a las obligaciones y servicios del establecimiento. Valdrés mostró su disconformidad con los dictámenes, defendiendo la reposición de Juan Blas, pero la mayoría de concejales se mostraron a favor de Mochales. Se acordó que en la próxima sesión, la Comisión de Instrucción presentara las bases para la concesión del colegio y del material de enseñanza.
Dos días más tarde Sanz, como presidente de la Comisión de Instrucción Pública, leyó las condiciones redactadas para la concesión del colegio. La comisión limitaba el número de asignaturas que debía explicar cada profesor. Consideraba la necesidad de inventariar todo el material que fuera entregado al empresario y la reforma de las cuotas a pagar por los alumnos, según fueran vecinos o forasteros. Proponía la supresión de la base, que limitaba a menos de veinte alumnos matriculados el compromiso del empresario. Aprobaba la enseñanza gratuita a los alumnos pobres y el servicio del observatorio, que debía estar a cargo de un profesor de Ciencias. Se suprimía el cargo de director literario, reservándose el ayuntamiento el derecho de inspección, por medio de una comisión. Estas bases fueron aprobadas, con el voto en contra de Valdrés. La propuesta de Mochales, de entregar el colegio de internos a quien se le confiara el de segunda enseñanza, fue aprobada con el voto en contra de Valdrés.
En la sesión del 27 de agosto se leyeron dos instancias, una presentada por Alberto García Viota y Enrique Calahorra de la Orden, y la otra por Mariano Sanz Ferrer, en las que se adjuntaban proposiciones para hacerse cargo del colegio. García Viota y Calahorra ofrecían llevar a cabo mejoras en el orden científico, con nuevo material de enseñanza, dando lugar a una nueva enseñanza en la ciudad. Limitaban a un máximo de tres asignaturas por profesor y a 5 pesetas la cuota mensual por la primera asignatura y a 2,50 pesetas las restantes, para los alumnos vecinos de la ciudad. Los forasteros pagarían por el mismo concepto 7,50 y 3,75 pesetas. Se harían cargo también del observatorio, recibiendo una subvención de 2500 pesetas anuales. La duración del contrato sería por tres años. Por reformas de la segunda enseñanza, se iban a aumentar las asignaturas, ofreciendo para el próximo curso la puesta en marcha de una academia de Comercio, estableciendo los fundamentos de un laboratorio municipal, con secciones agrícola, industrial y de ensayo de alimentos. También se comprometían a herborizar los ejemplares más notables de la flora local y comarcal.
Mariano Sanz se comprometía a pagar las reparaciones del edificio menores de 200 pesetas, corriendo de su cargo el pintado, blanqueo y limpieza del establecimiento. Cedería la mitad de la subvención de 10 000 reales en el tercer año. Daría gratis clases de Dibujo Lineal. Rebajaba a 4 pesetas la primera asignatura y a 2,25 pesetas las restantes, a los hijos de vecinos de la ciudad. Los forasteros pagarían 7 pesetas y 3 pesetas, respectivamente. También pedía que se le dispensara de la fianza de 5000 pesetas.
Lorente, en nombre de la Comisión de Instrucción, pues Sanz estaba enfermo, proponía aceptar la proposición de García Viota y Calahorra, pues reunían suficientes títulos y requisitos para el desempeño de su cometido. Consideraba que Sanz Ferrer no podría obtener buenos resultados. Valdrés defendió la vuelta de Juan Blas, pero la corporación acordó transferir el Colegio de segunda enseñanza a García Viota y a Calahorra por tres años, con las obligaciones que señalaba su instancia, con 2500 pesetas de subvención, con arreglo a unas bases, que no diferían sustancialmente de las presentadas por estos últimos. El 28 de agosto, la Junta de Asociados aprobó las bases propuestas por la Comisión de Instrucción, mostrando su conformidad por el traspaso del colegio a García Viota y Calahorra.
El 12 de septiembre se informó que el presidente, cumpliendo el acuerdo tomado, había pasado un oficio a Juan Blas, para que entregara el colegio de internos en el plazo de dos días. El presidente delegó en Catalina quien, en compañía del vice-secretario, se habían personado en el colegio el día y la hora convenidos. Había salido a recibirles Juan Blas, quien, invocando la constitución vigente, no permitió se allanase su domicilio sin mandato judicial. Para no incurrir en desobediencia, entregaría las llaves, siempre que el alcalde respondiera de los muebles, papeles, dinero y otros efectos que se encontraban en su habitación y en el colegio de internos. Mochales se mostró a favor de conceder un nuevo plazo y Valdrés defendió a Juan Blas, pues había firmado un contrato y había gastado en el colegio de internos 1500 pesetas en el primer año. A propuesta de Vela, se acordó concederle un plazo de cuatro días para desalojar el colegio de internos.
El 14 de septiembre el presidente informó que el 17 se abriría el plazo para la matrícula del colegio y los empresarios-profesores habían accedido a explicar las asignaturas de segunda enseñanza, mientras se resolvía el expediente que tenía incoado el ayuntamiento. En el caso que el recurso de alzada interpuesto por Juan Blas se resolviera a su favor, revocando el acuerdo de la corporación municipal, se podría señalar a los empresarios una subvención que indemnizara el tiempo empleado en la enseñanza. Después del debate, se acordó abrir la matrícula el día 17 e indemnizar a los empresarios con 1000 reales, en el caso que se resolviera a favor de Juan Blas el recurso de alzada. Incluso Montuenga señaló su disposición a entregar estos 1000 reales de su bolsillo.
El 17 de septiembre el presidente informó que el día anterior, se había dado posesión del colegio a los profesores García y Calahorra. A Juan Blas se le habían concedido cuatro días para desalojar el local del colegio de internos. Se acordó que si se negaba a desalojarlo, con el pretexto de no haber sacado los muebles y otros efectos que tenía en el local, se recibieran las llaves, encargando un inventario de los mismos. Valdrés proponía esperar hasta conocer la decisión del recurso.
El 24 de septiembre Valdrés protestó, por haber entregado las llaves del colegio a los profesores. El presidente presentó el inventario de objetos, enseres y material científico existente en el colegio, acordándose su archivo. Para cumplir con el acuerdo, el presidente había comunicado a Juan Blas que acudiera a la alcaldía el día 20, a entregar la llave del colegio. Aquel día se presentó acompañado de tres testigos, protestando por no haber sacado aún los muebles y demás efectos. Inmediatamente se había llamado a Benito Vicioso, invitándole a que aceptase el cargo de depositario de los objetos que Juan Blas tenía en el local. Vicioso se mostró conforme y se le entregó la llave, para que se hiciera cargo del local y de los efectos personales. El presidente mandó al secretario dar lectura a las comunicaciones de alcaldía y de Juan Blas, para poner el asunto en manos del juez de Primera Instancia. A propuesta de Vela, se acordó consultar antes con el asesor municipal y Valdrés protestó de nuevo por la violencia mostrada en la entrega de las llaves, palabras que no retiró ante la petición del presidente.
El 1 de octubre se leyó una instancia de Juan Blas, en la que solicitaba que, en el caso de reconocerse la legalidad del contrato sobre la dirección y empresa del colegio, debían entenderse también revocados los acuerdos del 20 y 27 de agosto, en los que se disponía la entrega del local del colegio de internos. Pero el ayuntamiento acordó ocuparse de este asunto a la resolución del recurso de alzada.
En la sesión del 8 de octubre se vio un oficio del gobernador civil del pasado día 6, trasladando a la corporación municipal el informe evaluado por la Comisión Provincial, sobre el expediente promovido por Juan Blas, relativo al Colegio de segunda enseñanza, contra los acuerdos municipales del 16 y 23 de julio. En él la Comisión Provincial repasaba sucintamente la historia del colegio, desde su fundación en 1842 hasta el presente, consignando las vicisitudes por las que había pasado, en virtud de las disposiciones oficiales publicadas, llegando a las siguientes conclusiones:
-Declarar que el acuerdo del ayuntamiento del 3 de septiembre de 1880 no necesitaba aprobación superior, por ser inmediatamente ejecutivo.
-Dejar sin ningún valor ni efecto los acuerdos del 16 y 23 de julio de 1883, que adolecían de nulidad por extralimitación de facultades.
-Disponer que se repusieran las cosas al estado que tenían antes de ser dictados estos acuerdos, reintegrando a Juan Blas en la posesión del edificio, del material que había sido obligado a entregar y en todos los derechos emanados del contrato, sin perjuicio que el ayuntamiento usara el suyo para la prestación del afianzamiento y otorgamiento de la escritura.
-Reservar a la municipalidad el derecho que creyera asistirle, si por cualquier concepto estimara nulo el contrato, para reclamar la nulidad ante quien correspondiera y en la forma procedente.
El ayuntamiento acordó su cumplimiento y autorizó al presidente para que nombrara a una comisión municipal, que diera posesión del colegio y material de enseñanza a Juan Blas. Por unanimidad se acordó acudir ante el Ministerio de la Gobernación, alzándose del fallo dictado por el gobernador civil de la provincia. En esta misma sesión se leyó una instancia de Juan Blas, en la que pedía que se le diera posesión del colegio, del material existente, previo inventario, y de la llave del colegio de internos, así como una lista de los alumnos matriculados y los declarados como pobres. Como la instancia llevaba fecha del día 8 de septiembre, por lapsus de Juan Blas, y no podía referirse a hechos posteriores, se acordó desestimarla.
El 15 de octubre el presidente señaló que, como consecuencia de la resolución recaída en el asunto del Colegio de segunda enseñanza, Juan Blas le había asegurado que no tendría inconveniente de retirar el recurso de alzada, que tenía presentado en la alcaldía sobre la colegiatura de internos, siempre que las cosas volvieran al mismo estado que tenían antes. A propuesta de Sanz, se acordó entregarle las llaves del colegio, sin hacer nuevas concesiones, dejando las cosas como habían estado. En 22 de octubre el presidente informó que había puesto en posesión del colegio de internos a Juan Blas, mediante acta. El 29 de octubre Lorente preguntó si se habían dado las llaves del observatorio a Juan Blas, con las del colegio de internos y el de segunda enseñanza, pues en días pasados había visto en la torre, donde estaban colocados los aparatos, a varios colegiales. Se le contestó negativamente y el ayuntamiento acordó que se recogieran estas llaves, en el caso que las guardara Juan Blas, para evitar en lo sucesivo abusos. El 5 de noviembre el presidente informó que había recogido las llaves del observatorio que tenía Juan Blas. Lorente preguntó si Juan Blas tenía en su poder la llave de la secretaria del Colegio de segunda enseñanza, que tenía a su cargo el director literario, y Catalina le contestó negativamente. Lorente propuso estudiar si el acta que recogía la concesión del colegio de internos podía considerarse nula, como había manifestado el Diario de Calatayud, pues solamente había sido suscrita por ocho concejales, que no eran mayoría. Se acordó hacerlo, con los votos en contra de Valdrés y Escuin. El 31 de diciembre se aprobó el pago de 2500 pesetas a Juan Blas, como subvención del Colegio de segunda enseñanza, para el año económico 1882-1883.
El 7 de julio de 1884, Emilio Sanz dimitía de los cargos de concejal y teniente de alcalde, por su nombramiento de magistrado suplente de la Audiencia de lo Criminal.
En la sesión del 14 de julio se leyó una Real Orden del día 1 de este mes, expedida por el Ministerio de Gobernación, en la que confirmaba la providencia del gobernador civil, que había desestimado los acuerdos del ayuntamiento sobre la escisión del contrato con el empresario del colegio, de la que se había alzado la corporación municipal, haciéndole responsable de los daños ocasionados.
En la sesión del 10 de noviembre se vio una instancia de Juan Blas, en la que solicitaba testimonio de los acuerdos referentes al Colegio de segunda enseñanza, tomados por el ayuntamiento en las sesiones del 16 y 23 de julio de 1883, con los concejales que habían votado a favor y en contra. El 29 de diciembre de aprobó el pago de la subvención concedida al colegio de 2500 pesetas, correspondiente al ejercicio económico de 1883-1884.
En la sesión del 22 de junio de 1885, Escuin afirmó que estaba llevando a cabo gestiones privadas con el provincial de los escolapios, para que se hicieran cargo de la enseñanza en el colegio, al término del contrato con Juan Blas. El presidente también se había entrevistado con el provincial de esta orden, quien le había sugerido que, a la mayor brevedad posible, se hiciera una petición formal suscrita por el ayuntamiento, asociados y contribuyentes, pues contaban entonces con poco personal docente. Por ocho votos contra cinco, se acordó tomar en consideración lo propuesto por Escuin. El 8 de julio se vio la contestación favorable del provincial de los escolapios. El 9 de diciembre, Escuin solicitó el cumplimiento del acuerdo del pasado 8 de julio. El 19 de diciembre se acordó escribir a los padres escolapios, contestando a su carta del 30 de junio, informándoles del acuerdo tomado, con el cumplimiento del acuerdo del 8 de julio.
En la sesión del 4 de julio y a consecuencia de la epidemia de cólera, el ayuntamiento acordó la instalación del hospital de coléricos en el cuartel de la Merced, cuando se tuviera la correspondiente autorización, trasladando las oficinas militares al Colegio de la Correa, aceptando el ofrecimiento de Juan Blas. El 8 de julio se agradeció a Juan Blas esta cesión, sin ninguna contraprestación.
En la sesión del 30 de septiembre se vio la propuesta de Juan del Pueyo, con las bases para determinar la forma y condiciones de organización y existencia del Colegio de segunda enseñanza, una vez finalizado el contrato con Juan Blas. Se acordó dejarlo quince días para su consulta.
El 4 de enero de 1886 se nombró una comisión, compuesta por Pueyo, Velasco, Ortega, Escuin y Coley, para que estudiara esta proposición. El 29 de marzo se leyó el dictamen emitido por la mayoría de esta comisión, el voto particular de Escuin y una enmienda presentada por Ortega. En él consideraban que el colegio debía seguir bajo la inspección y auxilio del ayuntamiento, conservando su carácter privado. La comisión proponía las siguientes bases:
-Declarar terminado el contrato con Juan Blas en la fecha designada, pidiéndole su conformidad o disconformidad.
-El ayuntamiento nombraría como nuevo director-empresario, a la persona que reuniera los requisitos que exigieran las disposiciones vigentes, otorgándole amplia libertad de acción en cuanto al régimen del establecimiento, con inspección del ayuntamiento.
-La corporación nombraría a un comisario municipal, que perteneciera o no a ella, pero con título académico, para que ejerciera la inspección y vigilancia en el colegio.
-Se incluirían en el presupuesto 6000 pesetas para cubrir las atenciones del director-empresario, corriendo por su cuenta la conservación del material, el mantenimiento de los gabinetes y las reparaciones.
-El director debía contar con seis catedráticos, tres de Letras y tres de Ciencias, nombrados por el ayuntamiento, con una dotación de 1500 pesetas anuales.
-En sesión extraordinaria se trataría de la suspensión o separación del director o de alguno de los catedráticos, tomando el acuerdo por mayoría de dos tercios de los concejales presentes.
-Los alumnos pagarían 5 pesetas al mes por una asignatura y 3 pesetas por cada una del resto de las asignaturas.
-Antes de hacerse cargo el director del colegio, se haría un inventario por duplicado con el material de enseñanza.
-Antes de los quince días después de su nombramiento, el director presentaría al ayuntamiento un proyecto de reglamento para el régimen interior del colegio, proponiendo lo que considerara oportuno sobre la pensión para colegiales externos, la vida y pernocta del director en el colegio, la prohibición de uniforme y suscripción, horario de clases, descanso y ejercicio corporal, representantes de los padres de alumnos internos y externos y de no permitir a los alumnos internos pernoctar fuera del colegio.
Escuin propuso otras bases: Que se mantuviera la subvención de 10 000 reales, reduciendo las cuotas de enseñanza a 5 y 3 pesetas. Si esta proposición dificultase la entrada de director, se sustituiría por una subvención municipal de 5000 pesetas para cada profesor. Ortega estaba a favor del dictamen de la mayoría, dejando la subvención en 2500 pesetas.
En la sesión del 29 de abril se desecharían estas dos propuestas. Este mismo día la corporación acordaría: Incluir en el presupuesto municipal 7500 pesetas para el colegio, que en parte se reintegrarían con el ingreso de las tasas de enseñanza, a razón de 5 pesetas por una asignatura y 2,50 pesetas por cada una del resto de asignaturas. Se destinarían 750 pesetas para el sostenimiento y mejora del material de enseñanza, y gastos de secretaría. Debían llevarse a cabo las reparaciones necesarias en el edificio. Se concedería enseñanza gratuita a los alumnos que lo solicitaran, por carecer de recursos. Se nombraría a un comisario municipal que representara al ayuntamiento, dando cuenta de su labor todos los meses. A propuesta de varios concejales, se acordó relevar a este comisario de sus trabajos de concejal. Para este cargo sería nombrado Juan del Pueyo y Bueno, que aceptó.
El 5 de mayo y a propuesta de Velasco, se acordó que en la subvención al colegio estuviera incluida la obligación de atender el servicio del observatorio meteorológico.
Documentos consultados:
- Archivo Municipal de Calatayud (AMC), Libro de Actas del Ayuntamiento de Calatayud, 1882, Sig. 135.
- AMC, Libro de Actas del Ayuntamiento de Calatayud, 1883, Sig. 136.
- AMC, Libro de Actas del Ayuntamiento de Calatayud, 1884, Sig. 137.
- AMC, Libro de Actas del Ayuntamiento de Calatayud, 1885, Sig. 138.
- AMC, Libro de Actas del Ayuntamiento de Calatayud, 1886, Sig. 139.
