CENTENARIO DE JUAN BLAS Y UBIDE, 1923-2023
Juan Blas y Ubide y el Colegio de la Correa, 1880-1881
Francisco Tobajas Gallego
El Colegio de segunda enseñanza La Correa, también llamado Instituto Bilbilitano, se pondría en marcha a lo largo de 1842, por iniciativa municipal. Comenzó como Colegio de Humanidades, logrando en 1868 la categoría de Primera Clase. En 1874 se incorporó al Instituto de Zaragoza. Hasta el año 1880, la mitad de los directores del colegio fueron clérigos.
En la sesión del Ayuntamiento de Calatayud celebrada el 23 de agosto de 1880, se leyó un escrito con esta misma fecha de Juan Blas y Ubide. En él exponía que deseaba mejorar las condiciones de la segunda enseñanza en la localidad, evitando gastos a la corporación. Consideraba que las empresas de interés general prosperaban, con el estímulo de la iniciativa privada. Deseaba conciliar los derechos y deberes del ayuntamiento, con los intereses de la población y más aun de las clases pobres. Para ello proponía a la corporación, un nuevo proyecto de organización del colegio de segunda enseñanza de la ciudad. Juan Blas se obligaría, por un documento público, a sostener el colegio, con las condiciones que señalara el reglamento, utilizando gratuitamente el material y las instalaciones por un periodo de seis años. Daría instrucción gratuita a los alumnos pobres de la ciudad, que justificaran carecer de recursos, aunque deberían seguir los cursos con aprovechamiento. Para ello recibiría una subvención municipal de 2500 pesetas anuales. Se haría cargo, bajo inventario, del material de enseñanza, estando obligado a devolverlo en el mismo estado, salvo el normal deterioro.
La dirección oficial estaría a cargo de aquel que designara el ayuntamiento. El director-empresario se entendería directamente con los profesores, en lo referido a la administración y régimen del establecimiento. Juan Blas señalaba que no le movía otro móvil que el amor a su pueblo, para el que creía beneficioso este proyecto, aunque estaba dispuesto a retirar su proposición, si alguien quería llevarlo a cabo en su lugar. El ayuntamiento acordó su pase a la Comisión de Instrucción para que, en unión de los tenientes de alcalde y del regidor síndico, informaran y propusieran lo que consideraran más oportuno.
Aquel mismo día se vio que una comisión de los profesores del Colegio de segunda enseñanza, compuesta por su director literario, Vicente Martínez, y el catedrático Juan Velasco, señalaba que, con motivo de la reforma de la Ley de Instrucción Pública, publicada recientemente, era necesario aumentar un catedrático que se encargara de explicar los dos cursos de Francés, que se establecían en esta reforma. La corporación acordó pasarlo también a la Comisión de Instrucción. Para esta cátedra de Francés, se había ofrecido Teodoro Puertas, oficial primero de Telégrafos, sin retribución alguna.
En la sesión del 30 de agosto, el secretario dio lectura a un largo informe de la comisión, que había sido nombrada para estudiar la oferta de Juan Blas. Después de debatir suficientemente el asunto y considerándolo de interés para la enseñanza en la ciudad, la corporación acordó dejar en suspenso la resolución de esta instancia hasta el próximo 3 de septiembre, para el que se convocó una sesión extraordinaria.
Los concejales Bardají, Félez y Cortés presentaron un informe, en el que proponían aceptar el proyecto de Juan Blas y Ubide, no solamente por la economía que iba a lograrse, sino por el mayor desarrollo que iba a producirse en la enseñanza, debido a la iniciativa privada y a la idoneidad del director y del profesorado, unido a la inspección activa de la corporación. Consideraban que la iniciativa particular era más útil y fecunda que la del ayuntamiento, cuya función era la de gobierno y administración. Sostenían que los profesores, libres de la tutela del ayuntamiento, formarían con el director una asociación libre de trabas, abriendo nuevos horizontes a la enseñanza, atrayendo a nuevos alumnos y elevando con ello la ilustración.
Para ello exponían una serie de pactos: Elevar el contrato, que sería para cinco años, a escritura pública, y que el cargo de director no lo nombrara el ayuntamiento, que se reservaría el derecho a la inspección de los locales, material docente, biblioteca y gabinetes. Juan Blas estaría obligado a contratar a los profesores necesarios, según las leyes vigentes, debiendo respetar a los profesores que entonces componían el claustro y mantener la organización del colegio de internos, afecto al Instituto y a su director, Faustino Bernal, que quedaría al margen del director-empresario. También estaría obligado a dar enseñanza gratuita a los alumnos pobres que lo solicitaran. A los alumnos pudientes no podría exigirles más de 40 reales al mes. El material se le entregaría al director bajo inventario. Si por cambio del método de enseñanza o por otro motivo, el número de alumnos matriculados no llegara a veinte en todos los cursos, el contrato quedaría rescindido para el próximo curso. El ayuntamiento concedería a Juan Blas una subvención de 2500 pesetas.
Archivo municipal de Calatayud
En este mismo día se vio también una instancia de Faustino Bernal, director del Colegio de internos San Iñigo, pidiendo que se le dejara en libertad para desempeñar sus cargos de director y profesor. El ayuntamiento acordó dejar este tema en suspenso, hasta que se tomara un acuerdo definitivo sobre la reforma del colegio, que había presentado Juan Blas y Ubide.
En la sesión extraordinaria celebrada el 3 de septiembre, se acordó por unanimidad y después de un debate, transferir el Colegio de segunda enseñanza a Juan Blas, como director-empresario, bajo unas condiciones. El contrato, que sería por seis años, se elevaría a escritura pública. El cargo de director literario sería de libre designación. El ayuntamiento se reservaba el derecho de inspección de locales, material y gabinetes. Juan Blas debía dotar al colegio de los profesores necesarios, respetando a los actuales en sus cátedras. Debía dar enseñanza gratuita a los alumnos pobres de la localidad que lo solicitasen, siendo responsabilidad del ayuntamiento esta declaración de pobreza. No podría exigir al resto de los alumnos, por derechos de enseñanza, más de 7,50 pesetas al mes, por la matricula de una asignatura, y 5 pesetas al mes por cada otra que cursaran.
Juan Blas debía conservar la organización del colegio de internos y a su director Faustino Bernal. Recibiría bajo inventario el material del colegio. Si por cambio de método de enseñanza o por cualquier otro motivo, el número de alumnos matriculados no llegara a veinte entre todos los cursos, se entendería rescindido el contrato para el próximo curso. En compensación, Juan Blas recibiría 2500 pesetas anuales, por trimestres vencidos, quien debía dar una fianza de 5000 pesetas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. El ayuntamiento acordó dar cuenta de esta resolución al interesado, dándole de plazo hasta el próximo lunes para contestar.
En la sesión del 6 de septiembre se leyó un oficio de Juan Blas, en el que aceptaba las disposiciones del contrato, pidiendo que se le pusiera en posesión del colegio, para preparar la apertura del curso. La corporación así lo acordó, designando al concejal Cejador para recibir el inventario del material, muebles y enseres pertenecientes al ayuntamiento. Al presidente se le autorizó a otorgar escritura del contrato y afianzamiento, informando a los profesores de la transferencia del colegio a Juan Blas, copiando la condición sexta, que obligaba al nuevo director a conservarlos en sus puestos. Lo mismo se haría con Faustino Bernal, copiando la condición novena, que señalaba la obligación del nuevo director a conservar la organización del colegio de internos y a su director, en su misión independiente de aquel, como director y profesor.
En esta misma sesión se leyeron dos instancias de Faustino Bernal, con diferentes fechas, en las que solicitaba no depender en sus cargos del director-empresario, pues había sido nombrado en su cargo por el ayuntamiento. Además, tenía compromisos adquiridos con los padres de los alumnos internos y los empleados del colegio, debiendo invertir un capital para alimentos e instrucción de sus colegiales de primera enseñanza, además de las clases obligatorias y de adorno a los de segunda enseñanza, colocándole en una situación excepcional respecto al resto del profesorado. Para cubrir sus intereses de cualquier eventualidad, que pudiera sobrevenir a la enseñanza con la nueva organización, pedía que el ayuntamiento, por medio de un contrato público, respetara su cargo por cinco años. Pero el ayuntamiento acordó desestimar ambas instancias, teniendo en cuenta las condiciones sexta y novena del contrato con Juan Blas.
El 11 de septiembre se leyó una carta del director literario del colegio, Vicente Martínez, con fecha del día 7, en la que participaba que no le era posible continuar con su cargo, achacando problemas de salud. El ayuntamiento acordó admitir su dimisión, agradeciendo su labor. Por unanimidad, se nombró para sustituirle al vicario general, Pascual Pérez Tafalla, cuyo nombramiento y atribuciones se le comunicarían por carta, solicitando su aceptación del cargo. Las atribuciones del director literario eran las siguientes: Representaría al establecimiento en todos los actos y documentos oficiales, como director oficial nombrado por el ayuntamiento. Presidiría y ordenaría los actos literarios que se celebraran en el colegio. Inspeccionaría cuando lo creyera conveniente el local y el material docente, dando aviso a la municipalidad de su estado. Respecto al colegio de internos, tendría las mismas atribuciones de inspección y representación delegada del ayuntamiento, incluyendo la instrucción que se daba a los alumnos internos.
En la sesión del 20 de septiembre, se leyó una carta de Pascual Pérez Tafalla, fechada el día 12, en la que aceptaba el cargo de director literario del Colegio de la Correa.
También se leyó una comunicación de Faustino Bernal, en la que agradecía al ayuntamiento la condición novena del contrato con Juan Blas. En ella pedía que los alumnos del colegio de internos no se matricularan en el de segunda enseñanza, pero el ayuntamiento desestimó por mayoría esta petición, con los votos en contra de Ríos y Cejador.
En esta sesión se vieron dos oficios de Juan Blas, del 13 y 16 de septiembre, en los que participaba que en los días 11 y 13, había dirigido una comunicación a cada uno de los profesores del colegio, que eran: Juan Velasco, Faustino Bernal, Francisco Ibarra y Alberto García, para que, en cumplimiento de la condición sexta del contrato, le dijeran en un plazo de veinticuatro horas si querían continuar en sus cargos, señalando sus condiciones, en caso afirmativo. Si no contestaban en el plazo señalado, entendería que renunciaban a sus cargos.
También se leyó otra comunicación de Juan Blas, participando que Manuel Solís, profesor del colegio, había contestado por carta, informándole que no le era posible seguir con los dos cursos de Latín y Castellano, debido a su edad. Pedía a Juan Blas que hiciera llegar al ayuntamiento su deseo de jubilarse, con una asignación proporcionada a su vida laboral. Señalaba que llevaba treinta y cinco años en la ciudad, desempeñando las cátedras de Latín, Castellano, Retórica, Poética y alguna asignatura más. Había sido director de internos y en varias ocasiones director del establecimiento, por acuerdo del ayuntamiento, habiendo conseguido en varias ocasiones menciones honoríficas. El ayuntamiento acordó jubilarlo, con una pensión anual de 1000 pesetas, desde el próximo 1 de octubre.
En la sesión del 27 de septiembre, se leyó una carta de Pérez Tafalla, en la que comunicaba que, ese mismo día, había enviado al director del Instituto de Zaragoza el cuadro de profesores del colegio. Estaba compuesto por: Ramón de la Cuesta, preceptor de Latinidad, Alberto Espinosa, licenciado en Ciencias, y Juan Blas, licenciado en Filosofía y Letras. Oportunamente informaría, tanto al ayuntamiento como al Instituto, del aumento o modificación del cuadro de profesores.
El presidente informó que Juan Blas le había pedido verbalmente, uno de los dos locales o cátedras que ocupaba el colegio de internos, por necesidades de la enseñanza a su cargo. La corporación autorizó al presidente para que se entrevistase con el director literario, para determinar de común acuerdo lo que procediera, teniendo en cuenta que las dos habitaciones habían sido cedidas al director de internos para que las utilizara, siempre que no fueran necesarias para el servicio del Colegio de segunda enseñanza.
En la sesión del 7 de octubre se dio cuenta del cuadro de profesores del colegio, que había enviado el director literario. Ramón de la Cuesta García se haría cargo de las cátedras de Latín y Castellano, del primer y segundo curso. Juan Blas y Ubide haría lo propio con las de Retórica, Poética y Geografía. Ramón Ríos Marqués tendría a su cargo Historia de España, Historia Universal, Psicología, Lógica y Ética. Y Alberto Espinosa Giménez impartiría Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría, Física y Química, Historia Natural y Fisiología, además de Agricultura Elemental.
El presidente señaló que había convenido con el director literario, la cesión a Juan Blas de una habitación, que entonces empleaba el director de internos para academia de Dibujo, pasando aviso a Faustino Bernal.
El 21 de octubre se vio una solicitud de Juan Velasco, en la que pedía una certificación de su conducta moral, política y profesional que, como profesor, había observado en los doce años que había desempeñado su cargo de catedrático en el Colegio de segunda enseñanza, con el número de alumnos matriculados en las asignaturas a su cargo y sus calificaciones. Pedía que se enviara al director literario, para que su secretario rellenara las casillas en blanco. El ayuntamiento señaló que Juan Velasco había observado una conducta moral, política y profesional irreprensibles, remitiendo el certificado al director literario.
Este mismo día se leyó una instancia de Juan Blas, pidiendo que en el caso que Faustino Bernal cesara en su cargo como director de internos, se le diera posesión del local destinado a esta colegiatura, con el objeto de encargarse directamente de la educación de los jóvenes pensionistas, pues la existencia del colegio de internos era necesaria para la prosperidad del de segunda enseñanza. El ayuntamiento acordó tener presente esta solicitud, para determinar en su día lo más conveniente.
Igualmente se vio otra instancia de Faustino Bernal. En ella pedía al ayuntamiento que, habiendo terminado su misión como profesor en el Colegio de segunda enseñanza y no estando lejano el plazo de poner fin a su etapa de director de internos, que el ayuntamiento le había conferido por acuerdo del 6 de diciembre de 1876, se le facilitara una certificación con el desempeño de sus cargos y copia de todas las comunicaciones y actas referidas al colegio, desde su nombramiento hasta el 30 de septiembre de 1880. El ayuntamiento acordó expedirle la correspondiente certificación.
En esta misma sesión se vieron tres oficios y otra instancia de Faustino Bernal. En uno de ellos señalaba que, si el ayuntamiento hubiera accedido a la súplica de mantenerlo en el cargo por cinco años, como director del colegio de internos, habrían quedado sin valor las condiciones sexta y novena del contrato con Juan Blas. La sexta, porque Bernal no hubiera conservado su plaza, dependiente de un contratista que había lastimado su honra de profesor. Y la novena porque el ayuntamiento había dispensado al contratista de respetarla, desde el momento que al colegio de internos no se le permitía hospedar a más alumnos de segunda enseñanza que los que quisiera el contratista. Bernal se consideraba rebajado a un simple patrón de huéspedes.
Bernal se quejaba también porque el ayuntamiento había protegido al empresario, desoyendo sus peticiones. Señalaba que había recibido el colegio de internos en un estado lamentable, habiendo gastado de su bolsillo 35 000 reales, para colocarlo a la altura que se encontraba entonces. Como recompensa a tanto sacrificio, recibía la humillación por la que estaba pasando, porque no se atrevían a despedirlo, con la pérdida de toda su fortuna.
En otro informe se quejaba, porque el ayuntamiento le había pedido que entregara la llave al director literario, del local que utilizaba como academia de Dibujo, sin haberse interesado antes por las necesidades del colegio de internos. Consideraba que el Colegio de segunda enseñanza no necesitaba de este local pues, anteriormente, los cinco profesores habían dado instrucción con menos locales que ahora disponía el contratista, habiendo disminuido ahora a tres el número de profesores. Además, el director literario ocupaba otro local sin ningún permiso. Señalaba que hasta los mismos alumnos pregonaban el descontrol, que cundía entonces en un colegio con pocos profesores. Y añadía que los alumnos de Retórica y los de Historia entraban juntos. Los que tenían cuatro asignaturas, despachaban su estudio en una hora por la tarde. Había profesores que se ocupaban de seis asignaturas y alumnos que, llevando once días de curso, no habían tenido ninguna clase, sin saber si tenían o no profesores. Sin embargo, otros disfrutaban apenas de tres cuartos de hora en la cátedra. Bernal señalaba que con este desconcierto, saltaba a la vista la necesidad de una sala de estudio.
Añadía que para habilitar la sala para la enseñanza de Dibujo, había tenido que blanquearla, poner dos mesas nuevas, arreglar otras y hacer cristaleras, con un gasto de 345 reales. Consideraba que el ayuntamiento solamente podía dar lo que era de su propiedad, siendo de justicia que el empresario le abonara esta cantidad. Bernal se quejaba por la animosidad de todo el ayuntamiento hacía su persona, pues nadie había defendido sus reclamaciones. Se le había separado de sus cátedras, eliminando su independencia absoluta y reduciéndole a un simple patrón de huéspedes.
En la instancia, Bernal afirmaba que, tras el contrato con el empresario, hecho por razones económicas, solamente se le había nombrado director del colegio de internos, cuando no había ningún colegial de esa clase de enseñanza que dirigir, con lo que se habían originado graves perjuicios para sus intereses, por los gastos efectuados en prospectos, anuncios y demás objetos necesarios para la apertura del colegio de internos, que debía abonarle el ayuntamiento. Señalaba que un concejal había declarado contra él en una sesión pública y pedía al ayuntamiento, que protegía al empresario y no le había concedido nada de lo solicitado, que le comunicara si, habiendo cesado como profesor, debía cesar también como director del colegio de internos, por no ser posible lo uno sin lo otro. El ayuntamiento, considerando que en alguno de estos documentos había frases injuriosas contra la corporación municipal, acordó por unanimidad remitirlos al Juzgado de Primera Instancia del Partido.
El 8 de noviembre se vio un oficio del director literario del colegio, remitiendo la solicitud de Juan Velasco. Pérez Tafalla pedía a la corporación que preguntara a Velasco si tenía en su poder el catálogo del gabinete de Historia Natural, que había estado a su cargo como profesor de esta asignatura, por no encontrarse en este gabinete, siendo como era necesario para la enseñanza, pues si no, quedarían inservibles las colecciones de minerales y algunas de Zoología. Si fuera necesaria una nueva clasificación, el trabajo sería muy costoso, además de pesado.
En la sesión del 18 de noviembre se vio una petición del juez de Primera Instancia, solicitando el acta donde constara el acuerdo tomado por el ayuntamiento, de trasladar al juzgado los originales recibidos de Bernal. El juez deseaba saber si la corporación renunciaba o no al derecho de ser parte en la citada causa. El ayuntamiento tomó el acuerdo de renunciar a este derecho. Este mismo día se leyó la contestación de Velasco. Señalaba que no tenía el catálogo del gabinete de Historia Natural, solamente guardaba los trabajos incompletos que, para formarlo, había llevado a cabo en el periodo que había estado al cargo de la asignatura y que había utilizado para dar la enseñanza con la amplitud debida. El ayuntamiento acordó informar sobre este particular al director literario.
Se leyó también una instancia de Bernal, en la que pedía copia certificada de todos los acuerdos y actas relativos al colegio de internos, desde su toma de posesión. El ayuntamiento acordó informarle que señalara los años objeto de su petición. En otra instancia, Bernal pedía certificación que señalara su conducta moral, política y profesional, durante los cinco años que había desempeñado el cargo de catedrático, con el número de alumnos matriculados y las notas obtenidas. En esta ocasión se acordó expedir la certificación que solicitaba, desde el 3 de diciembre de 1875 hasta septiembre de 1880, que había cesado, señalando que su conducta no había sido reprendida.
En la sesión del 2 de diciembre se leyó una carta de Juan Velasco, en la que señalaba que, al formar el inventario del gabinete de Historia Natural del colegio, se habían incluido muchos ejemplares que, en el transcurso de los doce años, en los que había estado a su cargo, había ido recogiendo por la región. Estos materiales de su propiedad, alguno de ellos de gran valor científico, los quería ceder al ayuntamiento, para que sirvieran de base para la formación del catálogo de las riquezas de la región. El ayuntamiento aceptó la donación y agradeció el gesto a Velasco.
En otra instancia, Bernal solicitaba una nueva certificación sobre el celo mostrado en la enseñanza y su conducta moral, política y profesional, siendo catedrático del colegio. El ayuntamiento acordó acceder a la petición, pidiendo la devolución de la anterior. Igualmente se acordó, oídas las manifestaciones de algunos concejales, que el maestro de obras, Federico Varela, acompañado del portero mayor del municipio, pasaran a visitar el local destinado a colegio de internos, para reconocer los desperfectos y alteraciones que hubieran tenido lugar recientemente en paredes, pisos y salas del local, dando cuenta al ayuntamiento.
El 11 de diciembre se leyó el informe presentado por el maestro de obras, en el que indicaba que, sin conocimiento del municipio, Faustino Bernal había trasformado el local del colegio de internos, llevando a cabo obras, que lo habían dejado en el mismo estado que tenía cuando fue nombrado director del colegio. El informe del maestro de obras detallaba los cambios llevados a cabo en el oratorio, vestíbulo, claustro bajo, portería, enfermería, colegiatura, dirección, claustro de la colegiatura, sala de estudio, dormitorio, comedor y cocina. Varela concluía su informe señalando, que el local destinado a colegiatura de internos, había recuperado el mismo número de habitaciones y distribución que tenía antiguamente.
En esta misma sesión se acordó el pago de 1500,56 pesetas a Juan Velasco, como secretario y catedrático del Colegio de segunda enseñanza, por la subvención correspondiente a los pasados meses de julio, agosto y septiembre.
El director literario del colegio informó al ayuntamiento, que los días 20, 21 y 22 de diciembre, se celebrarían los exámenes trimestrales, con el reparto de premios a los alumnos, por si se quería nombrar a una comisión para presenciar estos actos. Pero el ayuntamiento acordó no nombrar a una comisión, debido a las muchas ocupaciones.
En la sesión del 20 de diciembre se vio una solicitud de Faustino Bernal, pidiendo copias certificadas de varias actas. Pedía la correspondiente a una sesión celebrada a primeros de agosto de 1876, con motivo de la publicación y reparto del primer reglamento del Colegio de internos San Iñigo. Otra copia de las celebradas entre el 8 al 23 de abril de 1877, con motivo de la presentación de las cuentas de la reforma del colegio de internos. Copia del acta celebrada el 4 de junio pasado, con la invitación al ayuntamiento a la función religiosa, en honor al Patrón del colegio. La celebrada el pasado 6 de septiembre, pidiendo que la obligación de sostener el colegio de internos constase en documento público. Las actas de las sesiones celebradas el 20 y 27 de septiembre y 8 de octubre de aquel mismo año. El acta que recogía la solicitud dirigida al ayuntamiento con fecha del 18 de octubre, solicitando el abono de los perjuicios ocasionados, con la transferencia del colegio de segunda enseñanza y que aún estaba sin resolver. En la sesión del 27 de diciembre, se presentaron los libros de actas a las que se refería Bernal, acordándose el envío de las copias certificadas que solicitaba.
En la sesión del 26 de enero de 1881, se vio una instancia de Bernal que solicitaba copia certificada del acta que recogía su nombramiento como director del colegio de internos, el 6 de diciembre de 1875. Otra copia de una de las sesiones siguientes, en la que constaba la protesta del concejal Castor Lafuente, por su nombramiento. Otra copia de todas las sesiones celebradas con motivo de la transferencia del Colegio de segunda enseñanza, celebradas el 23 y 30 de agosto de 1880, y 3 y 6 de septiembre de aquel mismo año. Y otra copia del informe emitido por la comisión nombrada al efecto para este asunto del colegio, que servía de preámbulo al contrato, condiciones del mismo y testimonio de haberlo elevado a documento público. La corporación acordó que el secretario revisara los libros, para resolver en la próxima sesión.
En la celebrada el 7 de febrero, se dio lectura de otra instancia de Bernal, en la que recordaba que había solicitado el pasado 18 de octubre una indemnización, por los graves perjuicios que le había ocasionado la transferencia del colegio a Juan Blas, debido a los prospectos y anuncios, que comunicaban la apertura del colegio, además de abastos destinados a las necesidades del colegio de internos. Añadía que este año el colegio contaba con doble de alumnos que el pasado. Por ello pedía un informe del acuerdo tomado sobre este asunto, en caso contrario acudiría a la autoridad superior. Informaba que se iba a ausentar de la ciudad, sin faltar al cumplimiento del cargo de director de internos, pues por la transferencia del colegio de segunda enseñanza a un particular, no había alumnos que pudieran reclamar su presencia.
El ayuntamiento acordó que no había lugar a la indemnización que reclamaba Bernal, por los perjuicios ocasionados. El 21 de octubre no se había tomado ningún acuerdo, porque la solicitud de Bernal del día 18 se había pasado al Juzgado de Primera Instancia, con otros escritos más. El ayuntamiento no estaba dispuesto a consentir que se cerrara el colegio de internos y acordó comunicar a Bernal que, antes de ausentarse, dejara a una persona de confianza, para que se encargara de la buena conservación del colegio y custodiara las llaves.
El 28 de febrero de 1881 se vio una comunicación de Juan Blas y Ubide, con fecha del pasado 31 de enero, pidiendo que, para evitar conflictos y confusiones, se eliminaran las condiciones sexta y novena del contrato, pues los antiguos profesores habían renunciado a seguir en este curso. Por todos era también conocido que, hacía aproximadamente dos meses, había dejado de existir el Colegio San Iñigo de internos, que dirigía Faustino Bernal, pues no había en él colegiales ni enseres propios de un establecimiento docente. Señalaba que Bernal había destruido las mejoras que había llevado a cabo al instalarse en este local, dejando patente su voluntad de no tener colegio de internos. Entonces el ayuntamiento le había cedido una parte del edificio, que le servía de vivienda. Juan Blas pensaba que la dirección-empresa había quedado en libertad, para nombrar en lo sucesivo a los profesores que le convinieran, como para disponer del local destinado a internos, cuando no lo utilizara Bernal.
Visto que Juan Blas había cumplido con la condición sexta, avisando a los antiguos profesores, a cuya invitación ni siquiera contestaron, el ayuntamiento acordó autorizar al presidente para que, al otorgar la escritura pública del contrato, hiciera las aclaraciones correspondientes a la condición sexta. Sobre la nulidad de la condición novena no había lugar, pues Bernal continuaba en el cargo de director del colegio de internos, por no haber renunciado ni cesado en el mismo.
El 28 de marzo se leyó un escrito de Juan Blas, en el que señalaba que hacía ya cuatro meses que se había disuelto el Colegio de internos llamado San Iñigo y más de un mes que su director, Faustino Bernal, se había ausentado de la población, dejando cerrado el local. Pedía que, en virtud del contrato que tenía suscrito con el ayuntamiento, se le diera posesión del mismo para organizar un colegio de internos. Recordaba su proposición sobre la nulidad de la condición novena del contrato, a la que todavía no había tenido contestación. Juan Blas ofrecía gastar de su bolsillo 1500 pesetas, en obras de reparación y mejora del local y material del colegio de internos, cediendo estas mejoras a la población.
En vista de todo ello, el ayuntamiento acordó comunicar a Blas y Ubide su decisión, que había tomado en la sesión celebrada el pasado 28 de febrero. La contestación de Juan Blas se vio en la sesión del 25 de abril. Una vez informado de los acuerdos de la corporación, consideraba conveniente y necesario otorgar escritura pública del contrato, aclarando la condición novena, haciendo constar que, en el caso de quedar vacante el colegio de internos, por cese de Faustino Bernal, quedaría nula y sin valor, pasando a ostentar el director empresario la dirección del colegio de internos y su local. Pero el ayuntamiento se ratificó por unanimidad, en el acuerdo tomado en la sesión del 28 de marzo.
El 24 de junio se vio un oficio de Juan Blas, en el que informaba que ese mismo día había llegado una comisión, compuesta por tres catedráticos del Instituto de Zaragoza, para que, con los profesores de las respectivas asignaturas, verificaran los exámenes ordinarios del colegio, de cuyo resultado daría cuenta al ayuntamiento. Consideraba urgente un acuerdo definitivo de la corporación, respecto al colegio de internos, para tranquilizar el ánimo de los interesados y anunciar a la comisión del Instituto y a los padres de alumnos forasteros, la apertura del colegio para el próximo año académico.
El 27 de junio se informó de una comunicación del director literario del colegio, en la que trasladaba las calificaciones obtenidas por los alumnos en los exámenes celebrados del 20 al 23 de ese mes. Se contabilizaban, entre todas las asignaturas, ciento cinco matrículas, catorce sobresalientes, veintitrés notables, treinta y un buenos y treinta y siete aprobados. No se registraba ningún suspenso. El director literario pedía también la resolución lo antes posible de los obstáculos, que habían mantenido cerrado el colegio de internos, cuya existencia era de vital interés para el Colegio de segunda enseñanza. Solicitaba que se diera posesión de este colegio de internos al director-empresario. En esta sesión, el ayuntamiento acordaría el cese de Faustino Bernal y que, una vez conocida su residencia, se le hiciera saber, reclamándole las llaves del colegio de internos. El ayuntamiento aceptó el ofrecimiento de Juan Blas, que había previsto gastar 1500 pesetas en las obras de reparación y mejoras del local destinado a colegio de internos, quedando a beneficio del establecimiento. Para ello cedía este colegio el tiempo que fuera empresario, corriendo de su cuenta las utilidades o pérdidas que pudieran ocasionarse.
En la sesión del 18 de julio se vio un oficio de Juan Blas, en el que pedía que se le diera posesión del local destinado a colegio de internos, para llevar a cabo las obras de reparación necesarias para su apertura el próximo curso. En la sesión celebrada el 8 de agosto, el primer teniente de alcalde, Fulgencio Bermúdez, informó que el pasado día 6 había dado posesión a Juan Blas del local destinado a colegio de internos, entregándole las llaves. Entonces pudieron observar el mal estado de los tejados. Viendo que en este arreglo de los tejados no se podrían invertir las 1500 pesetas que se habían ofrecido, el ayuntamiento acordó arreglarlos a cuenta de los fondos municipales.
En la sesión del 29 de agosto se acordó sustituir la puerta de entrada del Colegio de segunda enseñanza, que se encontraba en mal estado, por otra que se guardaba en los almacenes municipales. En la celebrada el 12 de septiembre, el teniente alcalde Félez y el presidente de la Comisión de Obras señalaron que era necesario cambiar el enmaderado de algunos tramos de los tejados del colegio de internos, que estaban en mal estado. El tejado se encontraba en un estado lamentable, con muchas tejas rotas. Por ello proponían que, una vez acabadas las obras, se cerrara con un candado la salida al tejado, para evitar la salida de los colegiales, y se encargara al empresario que vigilara a los alumnos, pues si causaban algún daño en lo sucesivo, el tejado se repararía a sus expensas. Y así quedó acordado.
El 19 de septiembre, visto el oficio del director literario del colegio, que pedía el nombramiento de un profesor de instrucción primaria y un individuo de la Junta de Instrucción, para que formara parte, con el director o un profesor del colegio, de la comisión de exámenes de ingreso de segunda enseñanza, se designó al maestro superior Constantino Lidón, como profesor de instrucción, y al concejal Agustín Lausín, para que formara parte de la comisión.
El 26 de septiembre la corporación desestimó la petición de Juan Blas, que había manifestado la conveniencia de establecer unas reglas equitativas, para eximir del pago de los derechos mensuales de enseñanza a los alumnos pobres, que pudieran perjudicar gravemente los intereses de la empresa. Aquel año se habían presentado diez alumnos, que habían solicitado la dispensa de pago de los derechos mensuales de enseñanza. De todos ellos, el ayuntamiento sufragaría dos matrículas.
En la sesión del 10 de octubre, Félez señaló que se habían dado fin a la reparación de los tejados del colegio y de las escuelas, y aunque se había trabajado mucho, aún quedaba por reparar. Proponía adoptar las oportunas precauciones para que los muchachos no pudieran subir a ellos, como así se acordó. En esta misma sesión, el concejal Ríos propuso la creación de una biblioteca popular. Señalaba que en el colegio había un local a propósito. Proponía solicitar libros al Ministerio de Fomento, contando también con donativos de particulares. El ayuntamiento debería pagar un modesto sueldo al encargado, pero se acordó dejar el asunto para otra sesión. En la sesión del 17 de octubre se adhirió a este proyecto Mochales. Zabalo también se mostró a favor, pero recordó que la biblioteca popular, que se había creado con la donación del gobierno y de particulares, se había entregado a Vicente Martínez, entonces director del colegio. Luego fue encargado su servicio al maestro Ignacio Lardiés, quien manifestó más tarde al ayuntamiento que nadie acudía a solicitar libros. Zabalo creía que estos libros debían estar todavía en custodia del maestro, que había sucedido a Lardiés. Ríos insistió en su propuesta de la creación de una biblioteca municipal y añadió que el antiguo encargado no tenía sueldo por el servicio que desempeñaba. Proponía hacer una prueba, abriendo solo durante el día y pagando al encargado. Por su parte, el presidente señaló que procuraría enterarse del paradero de aquellos libros donados y de los jesuitas, que se depositaron en el colegio.
El 24 de octubre el presidente informó de su entrevista con Vicente Martínez, que le confirmó lo manifestado por Zabalo. La biblioteca de los jesuitas había estado depositada en el colegio hasta el año 1875, cuando fue solicitada su devolución. Martínez le señaló que entonces en el colegio no se guardaba nada y que las estanterías, aunque de poco valor, estaban deterioradas. Rios insistió en su propuesta, recordando que cuando los jesuitas recogieron sus libros, ofrecieron obras importantes al colegio, pero dos catedráticos no los habían aceptado, por no contar entonces con biblioteca. Zabalo se mostraba más escéptico, pues a la biblioteca del casino tampoco concurrían lectores. Consideraba que el ayuntamiento estaba agobiado de obligaciones y no creía conveniente adquirir una nueva, no siendo de absoluta necesidad. El presidente era de su mismo parecer y Ríos señaló que le causaba vergüenza reconocer, que el ayuntamiento dejaba atrás una mejora indiscutible por el sacrificio de 2000 reales. El ayuntamiento acordó gestionar ante el Ministerio de Fomento la adquisición de libros, dejando para entonces la resolución definitiva.
Zabalo se refirió a la adquisición de los aparatos necesarios para el observatorio meteorológico, señalando que el director del colegio se prestaba a llevar el servicio científico. El 21 de noviembre se acordó dirigirse al ministro de Fomento, solicitando su apoyo para la creación de una biblioteca municipal y para la instalación de un observatorio meteorológico. En esta misma sesión, Mochales solicitó que se pidiera al director del colegio y a los profesores de instrucción primaria, mayor vigilancia sobre los alumnos que concurrían a sus respectivos establecimientos, para evitar que antes y después de las clases, o durante las mismas, promovieran alborotos y espectáculos poco edificantes, que con frecuencia se presenciaban en las plazas de la Correa, San Antón y San Francisco, molestando a los vecinos y al público que transitaba por ellas. Se acordó pasar comunicaciones al director y a los profesores.
El 26 de diciembre se aprobaba el pago de 1250 pesetas a Juan Blas, director-empresario del Colegio de segunda enseñanza, por el primer y segundo trimestre del año económico 1881-1882. Y 92,50 pesetas al portero del colegio Millán García, por el primer semestre.
Documentos consultados:
Archivo Municipal de Calatayud (AMC), Colegio segunda enseñanza, Sig. 2740-6.
AMC, Colegio segunda enseñanza, Sig. 317-72.
AMC, Libro de Actas del Ayuntamiento de Calatayud, 1880, Sig. 133.
AMC, Libro de Actas del Ayuntamiento de Calatayud, 1881, Sig. 134.
